Bajo Tarcísio (Republicanos), la policía de SP ya mató a más de 2.500 personas, una cada 12 horas. Ningún policía fue condenado

La cuenta

Tarcísio de Freitas, del Republicanos, asumió el 1 de enero de 2023. Desde entonces, las policías de São Paulo mataron, en servicio y de franco, a 813 personas en 2024 y 835 en 2025, según las dos últimas ediciones del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que consolida los registros oficiales de las secretarías estatales. De enero a agosto de 2026, la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP-SP) registró otras 480, según un relevamiento de Ponte Jornalismo: 393 por agentes en servicio y 87 por agentes de franco, una muerte cada 12 horas.

Solo esos tres períodos suman 2.128 muertos. El año 2023 no aparece en número absoluto en las fuentes abiertas consultadas, pero el Ministerio Público cuenta 463 personas muertas solo por policías militares ese año (357 en servicio y 106 de franco), sin incluir a la Policía Civil. Sumando, el gobierno de Tarcísio supera los 2.500 muertos por la policía, y la cifra crece cada mes. El Ministerio Público, que usa otra base, llega más lejos: 877 muertos en 2025, el índice más alto en seis años.

Qué cambió en 2023

La serie del Ministerio Público muestra el salto. Los PM en servicio mataron a 262 personas en 2022, último año de la gestión anterior; 357 en 2023; 653 en 2024; y 703 en 2025. Entre el primer y el tercer año de Tarcísio, las muertes por PM en servicio crecieron 88%. El Anuario de 2025 registró que el aumento paulista de 2024, de casi 61%, fue el mayor del país, en un año en que las muertes por la policía cayeron en Brasil. El Foro Brasileño de Seguridad Pública atribuye el alza a la Operación Escudo, en la Baixada Santista, y al vaciamiento del programa de cámaras corporales.

En 2026 la curva no bajó. De enero a abril fueron 241 muertos, contra 233 en el mismo período de 2025; 227 por la PM y 14 por la Policía Civil. En abril, las muertes por la policía equivalieron al 23% de todas las muertes violentas del estado, una de cada cuatro. En lo acumulado hasta agosto, 24%.

Ningún policía condenado

La Operación Escudo comenzó en julio de 2023, tras la muerte de un soldado de la Rota en Guarujá, y la Operación Verano la siguió en 2024. Según el informe del Instituto Vladimir Herzog divulgado el 27 de julio de 2026, las dos dejaron 84 muertos. De los 23 casos que el instituto siguió, 17 fueron archivados por el Ministerio Público sin acusación. Nueve policías pasaron a ser acusados: cuatro de la Rota, por la muerte de dos hombres, y otros cinco, por la muerte de cuatro. Ninguno fue condenado hasta la publicación del informe, que llama a la operación “símbolo de la banalización de la muerte y de la ausencia de responsabilización del Estado”.

Fuera de la Baixada, el cuadro es el mismo. Abestadão buscó, en fuentes abiertas, alguna condena de un policía por una muerte ocurrida desde el inicio del gobierno de Tarcísio y no encontró ninguna: ni en el informe del Instituto Vladimir Herzog, ni en la cobertura de los juicios con jurado paulistas, ni en las notas en que la SSP responde a la prensa hablando de agentes “detenidos, destituidos o expulsados”, sin citar una sola sentencia. El patrón es anterior a Tarcísio, y su gobierno no lo cambió. Una investigación con datos del Tribunal de Justicia de São Paulo muestra que, de 1.293 acciones policiales con muerte en la capital entre 2015 y 2020, 122 se convirtieron en acusación y 20 terminaron en condena: 1,5%. La semana pasada, el 30 de octubre, el Tribunal del Jurado absolvió a los dos PM acusados de matar a Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 años, en Paraisópolis, en julio de 2025.

Lo que dice el gobierno

En una nota a la Agência Brasil, la SSP afirmó que “desde 2023, más de 1.300 agentes fueron detenidos, destituidos o expulsados de las corporaciones”, sin informar cuántos por muertes. A TMC le dijo que “todos los casos de muertes derivadas de intervención policial son investigados”, con seguimiento de las corregidurías, del Ministerio Público y del Poder Judicial. A Metrópoles, la cartera le comparó los dos primeros años de la gestión con los dos últimos de la anterior y habló de una “reducción de aproximadamente 25% en las cifras de muertes derivadas de enfrentamientos con policías en servicio”, comparación que elige como base 2021 y 2022, los años más bajos de la década, cuando las cámaras corporales estaban en expansión.

Sobre las operaciones de la Baixada, el gobierno afirma que todas las muertes fueron investigadas por la Policía Civil, con seguimiento de la Corregiduría de la PM, del Ministerio Público y del Poder Judicial, y cita 2.162 detenidos y 238 armas incautadas. El resultado de ese seguimiento, tres años y más de 2.500 muertos después, es el del párrafo anterior: ninguna condena. Si existiera alguna, Abestadão corrige esta pieza y dice dónde está.